El Papa y la Orden de Malta: una medida que no es conforme a derecho
El Papa ha nombrado una comisión para investigar a la Orden de Malta. La estrategia de crear estas comisiones gusta indudablemente al Papa Francisco, que ya ha tomado tan draconianas medidas contra dos institutos religiosos que considera excesivamente tradicionales: los Franciscanos de la Inmaculada y los Religiosos del Verbo Encarnado.
Y no tiene nada de casual que el anuncio de la creación de una comisión con el objeto de «recoger elementos aptos para informar debidamente, en tiempo breve, a la Santa Sede sobre la actuación del Gran Canciller de la Orden, Albrecht von Boeselager», lo haya hecho la Sala de Prensa Vaticana el pasado 22 de diciembre, justo mientras el papa Bergoglio convertía la tradicional felicitación navideña a la Curia en una dura reprimenda contra quienes resisten su proyecto de transformación radical de la Iglesia, aludiendo implícitamente al cardenal Raymond Leo Burke, patrono de la Orden de Malta. Pero en este caso no es válido servirse de una comisión investigadora.
Como explica Fabrizio Turriziani Colonna en un documentado estudio dedicado a la soberanía e independencia de la Soberana Orden Militar de Malta (Libreria Editrice Vaticana, 2006), la mencionada orden y la Santa Sede están en un pie de igualdad como sujetos de derecho internacional, y se encuentran, por tanto, en una situación de independencia recíproca. De hecho, la Orden de Malta posee una doble personalidad jurídica que, en el plano del derecho canónico, la subordina a la Santa Sede, pero en el del derecho internacional le garantiza su independencia de ésta. El hecho de que la Orden de Malta mantenga relaciones diplomáticas con 94 estados y tenga un embajador cerca de la Santa Sede confirma que, en un determinado ámbito, las relaciones son de igual a igual. La Soberana Orden Militar de Malta es, en resumen, un estado soberano aunque carezca de territorio; un estado celoso de su autonomía y sus prerrogativas. En nueve siglos de historia, los Caballeros de Malta se han cubierto de gloria derramando su sangre por la Iglesia, pero no han faltado los conflictos con la Santa Sede. El último, relatado por Roger Peyrefitte (Chevaliers de Malte, Flammarion, París, 1957), tuvo lugar durante la posguerra de la segunda contienda mundial, cuando la Orden consiguió frustrar la tentativa de fusión con los Caballeros del Santo Sepulcro. La pugna se resolvió en 1953 con la sentencia de un tribunal cardenalicio que reconoció la soberanía de la Orden de Malta, si bien afirmando su dependencia de la Santa Sede en lo que respecta a la vida religiosa de los caballeros. La Orden de Malta aceptó la sentencia, condicionándola a algunos puntos: 1) Reconocimiento de los derechos que le corresponden como sujeto de derecho internacional; 2) Limitación de la dependencia religiosa de la Orden a los caballeros profesos y los capellanes; 3) Exclusión de la sujeción a la Secretaría de Estado vaticana. La competencia de la Santa Sede no afecta por tanto al gobierno interno e internacional de la Orden, sino que se limita al ámbito estrictamente religioso.
A estas alturas, se podría imaginar que el Papa, tras haber reconocido desviaciones de orden doctrinal y moral entre los caballeros, haya querido tomar cartas en el asunto para corregir la situación. ¿Y qué ha sucedido por el contrario? Habiendo trascendido que Albrecht von Boeselager, mientras ejercía como Gran Hospitalario de la Orden, había abusado de su autoridad promoviendo la distribución de decenas de miles de preservativos y anticonceptivos, algunos incluso abortivos (como documentan los informes relativos al programa de las Naciones Unidas contra el sida en Myanmar), el Gran Maestre Matthew Festing intervino para poner fin al escándalo y solicitó a Boeselager que dimitiera, apelando al voto de obediencia. El Gran Canciller, valiéndose de de su amistad con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, y del reciente nombramiento de su hermano Georg como miembro de la junta del IOR, rechazó con arrogancia la petición, haciendo valer su conducta como católico liberal.
La creación por parte de la Secretaría de Estado de una comisión investigadora compuesta de cinco miembros, todos ellos más o menos vinculados a Boeselager, constituye una grave injerencia en el gobierno de la Orden. La Santa Sede debería limitarse a supervisar su vida religiosa a través del Cardenal Patrono, que es Burke, nombrado por el propio papa Francisco. El Papa tiene perfecto derecho a informarse de los asuntos internos de la Orden, pero no es conforme a derecho que lo haga por medio de una comisión que puentee al representante pontificio, a no ser que no quiera hacer a este último objeto de acusación. Ahora bien, un cardenal sólo puede ser juzgado por sus iguales, no por la burocracia vaticana. Igual de impropio, es confiar a una comisión vaticana el juicio de cuestiones que no afectan la vida religiosa, sino el gobierno de la Orden, dirigiendo en este caso la acusación al Gran Maestre. El cual ha hecho bien, por tanto, al rechazar el irregular nombramiento de la comisión.
Desgraciadamente, no sólo ha sido irregular el procedimiento, sino también y sobre todo el juicio por parte de las autoridades vaticanas. A quien menospreciando el Magisterio de la Iglesia favorece la contracepción y el aborto y viola los votos que ha hecho, se lo considera hoy digno de ser rehabilitado. Y en cambio, quien defiende las enseñanzas de la Iglesia y la integridad moral de las instituciones a las que pertenece, es acusado de resistencia malévola al Santo Padre y termina en el banquillo de los acusados. Es de esperar que los caballeros reaccionen. Lo que está en juego no es sólo es la soberanía de la Orden de Malta, sino también su tradición de ininterrumpida defensa de la fe y de la moral católica.
Roberto de Mattei
Fuente: Adelante la Fe